La contratación pública no termina cuando se adjudica un contrato
Los contratos públicos construyen nuestra realidad cotidiana.
La carretera por la que circulamos, el hospital donde nos atienden o la escuela a la que van nuestros hijos existen porque alguien planificó, licitó y adjudicó un contrato público.
Sin embargo, gran parte de la atención de profesionales, órganos de control y operadores económicos se concentra en las fases previas a la adjudicación.
Analizamos los pliegos, debatimos sobre los criterios de adjudicación, estudiamos los procedimientos y revisamos las ofertas. Pero dedicamos mucha menos atención a lo que ocurre después.
Y es precisamente durante la ejecución cuando el trabajo se realiza, el dinero público se gasta y los resultados llegan —o no— a la ciudadanía.
La fase de ejecución sigue siendo una auténtica caja negra de la contratación pública.
El Informe OIReScon 2024 arroja luz sobre esta realidad
El Informe sobre la ejecución de los contratos públicos correspondiente al ejercicio 2024, elaborado por la OIReScon, aporta información especialmente valiosa sobre una fase históricamente menos analizada.
Los datos permiten identificar tendencias, debilidades y oportunidades de mejora que afectan directamente a la eficiencia del gasto público.
Y algunas de sus conclusiones merecen una reflexión profunda.
No todo lo que se publica como modificación es realmente una modificación
Uno de los primeros hallazgos del informe es especialmente llamativo.
El 18,13% de los anuncios clasificados como modificaciones contractuales no correspondían realmente a modificaciones en el sentido previsto por la Ley de Contratos del Sector Público.
La causa más frecuente fue la ampliación de plazo, que representa el 72,73% de las clasificaciones incorrectas.
Puede parecer una cuestión menor, pero no lo es.
Cuando los datos se registran incorrectamente:
- Resulta más difícil supervisar la ejecución.
- Se distorsiona el análisis estadístico.
- Se dificulta la identificación de retrasos recurrentes.
- Se limita la capacidad de mejora del sistema.
La calidad de la información es un requisito imprescindible para la transparencia.
El 93% de las modificaciones en obras SARA no estaban previstas
Uno de los datos más significativos del informe afecta a los contratos de obras sujetos a regulación armonizada.
Según la OIReScon, el 93,08% de las modificaciones aprobadas durante 2024 no estaban previstas en los pliegos iniciales.
La cifra invita a plantearse varias preguntas.
¿Estamos realizando una planificación suficientemente rigurosa?
¿Estamos diseñando contratos excesivamente rígidos?
¿O estamos utilizando las modificaciones como mecanismo habitual para adaptar contratos que nacen incompletos?
Probablemente la respuesta combine varios factores.
En cualquier caso, el dato refleja una realidad que merece atención.
Las circunstancias imprevisibles siguen siendo la principal justificación
Cuando una modificación contractual no estaba prevista inicialmente, la LCSP exige una justificación específica.
Durante 2024, la causa más utilizada fue la existencia de circunstancias imprevisibles, que representó el 50,80% de los supuestos analizados.
La cuestión es inevitable.
¿Nos enfrentamos realmente a tantos acontecimientos imposibles de prever?
¿O estamos utilizando esta categoría para cubrir problemas que podrían haberse identificado durante la planificación inicial?
La respuesta exige un análisis individualizado de cada expediente, pero la magnitud del dato invita a reflexionar sobre la calidad de la planificación contractual.
La subcontratación continúa siendo una zona de escasa transparencia
La subcontratación desempeña un papel esencial en numerosos contratos públicos.
Gracias a ella, muchas pequeñas y medianas empresas participan indirectamente en grandes proyectos públicos.
Sin embargo, la información disponible sobre esta realidad continúa siendo limitada.
El informe señala que el 98,3% de las licitaciones analizadas no indicaban si se permitía la subcontratación ni el porcentaje máximo previsto.
En la práctica, esto significa que seguimos disponiendo de muy poca información sobre quién ejecuta realmente buena parte de los contratos públicos.
En una época caracterizada por la digitalización y la trazabilidad, esta falta de información resulta difícil de justificar.
El pago directo a subcontratistas: una herramienta infrautilizada
La Disposición Adicional 51ª de la LCSP permite establecer mecanismos de pago directo desde la Administración a los subcontratistas.
Su finalidad es sencilla:
Proteger especialmente a las pequeñas empresas frente a posibles retrasos o incumplimientos de pago por parte de los contratistas principales.
Se trata de una herramienta útil, legal y plenamente disponible.
Sin embargo, el informe revela que únicamente 2 de las 24 licitaciones de gran volumen analizadas contemplaban esta posibilidad.
La conclusión resulta evidente.
Disponemos de instrumentos para reforzar la protección de las pymes, pero apenas los utilizamos.
La transparencia debe llegar a la ejecución
La contratación pública ha avanzado notablemente en transparencia durante las fases de preparación y licitación.
Hoy disponemos de perfiles de contratante, plataformas electrónicas y una gran cantidad de información accesible.
Sin embargo, la ejecución contractual continúa siendo la fase menos visible del ciclo de compra pública.
Y precisamente es en esta fase donde se producen:
- Las modificaciones.
- Los retrasos.
- Las incidencias.
- Los pagos.
- Los resultados finales.
Si queremos una contratación pública más eficiente, estratégica y orientada a resultados, debemos prestar mucha más atención a lo que ocurre después de la adjudicación.
Conclusión
El Informe OIReScon 2024 confirma una realidad conocida por muchos profesionales: la ejecución contractual sigue siendo la gran asignatura pendiente de la contratación pública.
Mejorar la calidad de los datos, reforzar la transparencia, planificar mejor los contratos y aprovechar las herramientas previstas por la LCSP son pasos imprescindibles para avanzar hacia una gestión más eficiente del dinero público.
Porque la verdadera calidad de un contrato no se mide cuando se adjudica.
Se mide cuando se ejecuta.